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agencias inmobiliarias que hacer si el cliente se niega al pago de la comision

Agencias inmobiliarias: qué hacer si el cliente se niega al pago de la comisión pactada

By agencias inmobiliarias, subasta

Desde hace varios años a esta parte ha sido creciente el número de consultas y reclamaciones planteadas por distintos profesionales del sector inmobiliario en relación con el impago de la comisión pactada por parte de los clientes (ya sean compradores o vendedores).

La casuística es bastante amplia, considerando la naturaleza atípica del contrato de mediación o corretaje, ya que aplica la libertad de contratación que autorizan los artículos 1.091 y 1.255 del Código Civil.

Podemos relatar varios supuestos (alguno de ellos ya resuelto ante los tribunales):

  1. Entidad franquiciada de inmobiliaria de gran implantación a nivel nacional que pacta con la parte vendedora la transmisión en exclusiva de una vivienda a un precio determinado durante un plazo de seis meses. La franquiciada encuentra una compradora que accede a pagar el precio de la vivienda, entregando una cantidad en concepto de señal. La parte vendedora se niega al otorgamiento de la escritura alegando que había resuelto verbalmente el contrato de mediación con la inmobiliaria (cuando la realidad es que quería obtener un precio superior por la vivienda). En este supuesto el contrato con la vendedora también recogía su obligación de abonar a la franquiciada la totalidad de los gastos en los que hubiera incurrido (atendiendo al tiempo transcurrido y gestiones realizadas) en el supuesto de que el cliente revocara el encargo antes de su caducidad.
  2. Agencia inmobiliaria a la que acude un comprador interesado en un producto muy concreto: un ático céntrico. Tras varias gestiones infructuosas con algunas viviendas que la inmobiliaria tenía en exclusiva, se acudió con el comprador a visitar un inmueble sobre el que la agencia no tenía exclusiva de venta ni cobraría honorarios a la parte vendedora. El comprador firmó con carácter previo el contrato de mediación inmobiliaria así como la correspondiente hoja de visitas. Tras dichas gestiones, el comprador averiguó el teléfono del vendedor y “puenteó” a la inmobiliaria, firmando unas arras penitenciales con aquél alegando que la inmobiliaria no tenía exclusiva de venta y que el teléfono lo había obtenido por medios lícitos.
  3. Agente inmobiliario al que un vendedor le asigna en exclusiva la venta de un edificio céntrico de apartamentos turísticos, pactando la correspondiente comisión. Fruto de la costumbre en el sector, una inmobiliaria colaboradora del agente que recibió el encargo localizó a un potencial comprador que, poniendo excusas variopintas, se negó a firmar contrato de mediación así como la hoja de visita. Aprovechando que a la visita al edificio había acudido la persona que en ese momento tenía asignada la gestión de los apartamentos turísticos (sin dependencia ni relación con el vendedor) el comprador solicitó los datos del propietario con la finalidad de “puentear” a las agencias inmobiliarias. Con su actitud premeditada (no firmar contrato ni hoja de visita) pretendía evitar que hubiera constancia de su visita al inmueble y contactar con el vendedor, alertándole de la situación y evitando que éste tampoco soportara la comisión pactada (en base a la imposibilidad de acreditar la realidad de una actuación de mediación efectiva) obteniendo una rebaja en el precio.

Sin entrar en detalle en cada uno de esos supuestos, la jurisprudencia viene estableciendo varios patrones en sus resoluciones que podemos resumir de la siguiente forma:

  1. El precio se satisface o debe satisfacerse cuando se produce el resultado buscado, o en su caso, no se produce por causas ajenas al agente, tras concurrir la oferta y su aceptación a través de sus gestiones (STS 27 de junio de 2005)
  2. El contrato de mediación o corretaje es un contrato de resultado y únicamente dará derecho a la comisión si gracias a la labor mediadora se perfecciona el contrato de compraventa (STS 21 de octubre de 2000).
  3. Aunque el mediador no esté normalmente facultado para concertar el contrato de compraventa, es ineludible que este se celebra como consecuencia de sus gestiones mediadoras si, después de realizadas resulta que vendedor y comprador llegan a celebrar la compraventa (SAP Málaga 30 de junio de 2015).
  4. Se admite que en una operación de intermediación el mediador cobre comisión a las dos partes que concluyen el contrato, siempre que exista un encargo conjunto o encargos individuales para la venta y compra (SAP Las Palmas de 30 de junio de 2017).
  5. Si la visita por el comprador al inmueble se produce dentro del periodo temporal de vigencia del encargo realizado por la vendedora, y la compraventa se produce con posterioridad a esa fecha, puede entenderse que la compraventa se perfeccionó como consecuencia de las gestiones realizadas por la agencia inmobiliaria (SAP Las Pal mas 30 de junio de 2017).

En base a lo anterior podemos concluir que, si un cliente (comprador o vendedor) decide acudir a una agencia inmobiliaria con la finalidad de beneficiarse de sus servicios y éstos son efectivamente prestados, salvo que resulte imposible de probar, deberá soportar la comisión pactada.

En Portillo Estudio Legal le asesoraremos en caso de que se encuentre en cualquier situación similar a las anteriormente descritas.

Consejos prácticos para el adjudicatario de un bien inmueble en subasta

By subasta

Como anticipábamos en nuestro artículo previo “Consejos prácticos para concurrir a una subasta de bienes inmuebles”, en esta ocasión pretendemos lanzar una serie de consejos prácticos para el adjudicatario de un bien inmueble en subasta.

Es decir, si has pujado en una subasta y has resultado adjudicatario, o si pretendes concurrir a alguna subasta para llegar a serlo, estos consejos pueden resultar de interés.

En primer lugar es fundamental conocer el valor de subasta del bien puesto que, en función del porcentaje del mismo que suponga el importe de la puja ganadora, cabrán diferentes alternativas de actuación por las distintas partes intervinientes en el procedimiento.

En todo caso, al mejor postor de la subasta le será remitida por correo electrónico certificación de mejor postura a la conclusión de la subasta.

La opción que dota de mayor tranquilidad al mejor postor es que su puja supere el 70% del valor del bien a efectos de subasta puesto que, en este caso, el Juzgado dictará decreto de aprobación de remate a favor del mejor postor.

En el plazo de 40 días desde su notificación será preciso ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado la diferencia entre el importe de la puja ganadora y el depósito previamente constituido.

Más incertidumbre para el mejor postor se presenta en el caso de que la puja no supere el 70% del valor del bien a efectos de subasta. En este caso, el ejecutado podrá presentar en el plazo de 10 días a un tercero que mejore la postura ofrecida, siempre que resulte suficiente para cubrir el importe reclamado por el ejecutante.

Si transcurren esos 10 días sin que el ejecutado haya presentado a un tercero que mejore la puja ganadora, el ejecutante podrá adjudicarse el inmueble con ciertas condiciones:

  • Si se trata de la vivienda familiar del ejecutado
    • Podrá solicitar la adjudicación por el 70% del valor de subasta
    • Podrá pedir la adjudicación por la cantidad total que se le adeude, siempre que dicho importe sea superior al 60% del valor de subasta y mejore el importe de la puja más alta.
  • Si no se trata de la vivienda familiar del ejecutado:
    • Podrá solicitar la adjudicación por el 70% del valor de subasta
    • Podrá pedir la adjudicación por la cantidad total que se le adeude, siempre que mejore el importe de la puja más alta.

Si el ejecutante tampoco manifiesta su voluntad de adjudicarse el inmueble, será preciso valorar dos escenarios de cara a la aprobación del remate.

  • Si la mejor postura es inferior al 50% del valor de subasta y no es suficiente para cubrir la cifra por la que se ha despachado ejecución, el Juzgado, oídas las partes, resolverá sobre la adjudicación.
  • Si la mejor postura se encuentra entre el 50 y el 70% o no siéndolo, resulta suficiente para cubrir el importe por el que se ha despachado ejecución, se aprobará el remate.

Por lo tanto, se puede concluir que el único escenario que dota de cierta tranquilidad al mejor postor es que su puja supere el 70% del valor del bien a efectos de subasta.

Una vez aprobado el remate, comienza una larga odisea hasta obtener la posesión del inmueble (que puede prolongarse varios meses en el tiempo).

El objetivo último es la obtención de un testimonio del decreto de adjudicación del inmueble y cancelación de cargas (justificando al Juzgado el pago del Impuesto de ITPyAJD) así como el traslado de la posesión mediante el lanzamiento de los anteriores ocupantes (en caso de haberlos).

De cara a la inscripción en el Registro de la Propiedad es importante tener en cuenta que nos exigirán: testimonio del decreto de adjudicación, justificante del pago del Impuesto de ITPyAJD y justificante del pago del IIVTNU (plusvalía municipal). En vista de que la aportación de este último justificante será prácticamente imposible (al ser el sujeto pasivo una persona o sociedad recién ejecutada), cabe sustituir el justificante del IIVTNU por un certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se recoja que la transmisión del bien ha sido comunicada de forma oportuna.

A mayor abundamiento, deben tenerse en cuenta dos circunstancias en la adquisición de los inmuebles en pública subasta:

  • En cuanto a los gastos de comunidad, existe una afección real por la que el inmueble subastado responderá de las cuotas de comunidad del año en que se produce la adquisición y de los tres años anteriores (art. 9.1.e LPH). Es decir, el adquirente en subasta no responderá personalmente de la deuda más que con el valor del bien adquirido, lo cual se traduce en que resulta ampliamente recomendable abonar dichos gastos para evitar ulteriores problemas.
  • En cuanto al IBI, el adjudicatario es responsable subsidiario (no solidario) del pago del recibo de los 4 últimos años (sin intereses, recargos y sanciones). Es decir, el Ayuntamiento solo podrá reclamar al adjudicatario en subasta si tras el inicio de la vía ejecutiva frente al deudor principal y ejecutado, es declarado insolvente. Al igual que en el caso anterior, en la mayoría de los supuestos podría concluirse que es bastante probable que el adjudicatario tenga que soportar dichos recibos del IBI.

A modo de conclusión podemos indicar que, pese a que la adjudicación de un inmueble en subasta puede resultar muy atractiva a priori, deben tenerse en cuenta muchos factores tales  como la imposibilidad de solicitar un préstamo hipotecario previo, la probable demora en el traslado de la posesión, el desconocimiento del estado en que se encontrará el inmueble o el incremento del precio motivado por el pago de los gastos de comunidad e IBI atrasados.

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Consejos prácticos para concurrir a una subasta de bienes inmuebles

By subasta

Es posible que hayas tenido conocimiento de que el inmueble de tus sueños ha salido a subasta en el marco de un procedimiento ejecutivo frente a su propietario o que, no tratándose del inmueble idealizado, hayas decidido invertir en un bien que (a priori) puede ser adquirido por un precio sustancialmente inferior al de mercado. Para todos esos casos presentamos en el presente artículo una serie de consejos prácticos para concurrir a una subasta de bienes inmuebles.

El primer paso siempre debe ser la formalización del registro en la página https://subastas.boe.es/, simplificándose notablemente los pasos si se cuenta con certificado digital. Es importante indicar que, desde el día 1 de septiembre de 2018 todas las subastas se realizan a través de la página web del BOE.

El registro permitirá acceder a información de relevancia que permitirá formar correctamente una opinión acerca de la decisión de invertir o no: el edicto del Juzgado, identificación registral de la finca, identidad del ejecutante y el ejecutado, valor de subasta del inmueble, cantidad que se reclama a través del procedimiento ejecutivo, etc.

Lo habitual es que no se acompañe nota simple del inmueble en cuestión por lo que recomendamos dirigirse al sitio web https://sede.registradores.org/ o al Registro de la Propiedad para la obtención de la citada nota simple y conocer todos los pormenores del inmueble.

Si la decisión es favorable a la inversión, es requisito indispensable para ser licitador, realizar un depósito del 5% del valor del inmueble a efectos de subasta. Para ello, será preciso introducir el código IBAN de una cuenta de la que el licitador sea titular en una entidad colaboradora.

En cuanto a la forma de realizar la puja, cabe que se realice mediante reserva de puja o sin ella. En el primer supuesto se permite que si, pese a existir una puja superior, el inmueble no resulta finalmente adjudicado a la persona que la ha emitido (por ejemplo, por no abonar la diferencia entre el depósito y el valor de adjudicación), los sucesivos postores con las pujas más altas puedan resultar adjudicatarios.

En caso de realizar la puja sin reserva, el depósito será devuelto tan pronto se haya verificado la no adjudicación del bien.

En la primera puja que se realice será preciso identificar si se realiza en nombre propio, en representación de tercero o en nombre de una comunidad de gananciales.

A continuación, será esencial definir la estrategia a seguir por el postor, lo que dependerá del número de postores, del atractivo del bien, del interés en su adquisición, del tiempo pendiente para su terminación, etc.

Si finalmente has resultado adjudicatario del bien en subasta, recomendamos que sigas nuestra página para conocer los consejos prácticos para el adjudicatario de un bien inmueble en subasta, que será objeto nuestra próxima publicación.

compatibilización de la prestacion por desempleo con alta como autonomo

Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia

By Compatibilización del paro con el alta como autónomo

Cuando una persona natural decide dejar de trabajar por cuenta ajena y pasar a trabajar como autónomo, son muchas las dudas e incertidumbres que pueden surgir. Nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de facilidades que pueden resultar de gran ayuda durante los primeros meses de actividad, tal y como ocurre con la posibilidad de compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, contempla, además de la compatibilización del paro con el trabajo por cuenta propia, la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo, aunque en el presente artículo nos limitaremos a comentar los pormenores de la primera de las posibilidades, regulada en su artículo 33.

En concreto, la Ley 31/2015 permite la compatibilización de la prestación mensual por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia durante un plazo máximo de 270 días (9 meses) o por el tiempo inferior pendiente de percibir en el supuesto de que el trabajador haya agotado previamente su prestación.

Los requisitos son básicamente dos:

  • Que la solicitud se realice a la entidad gestora (SEPE) en el plazo máximo de 15 días a contar desde el inicio de la actividad por cuenta propia.
  • Que se haya cesado con carácter total y definitivo con la actividad laboral.

El segundo de los requisitos establecidos, aunque aparentemente claro atendiendo al tenor literal del artículo 33 de la Ley 31/2015, es interpretado de forma restrictiva por el SEPE, toda vez que considera que, en el supuesto de que el trabajador haya iniciado una reclamación judicial por despido frente a su antigua empresa, no procede la concesión de compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

Dicha interpretación, que conlleva la denegación automática de la compatibilización, forma parte de los criterios e instrucciones que la entidad gestora ha trasladado a todas sus oficinas.

A nuestro juicio dicho criterio resulta, cuanto menos, discutible pues se considera por el SEPE que la reclamación judicial no supone el cese total y definitivo de la actividad laboral.

Acudiendo a la jurisprudencia, encontramos numerosos supuestos en los que la interpretación de la norma por los Tribunales resulta radicalmente contraria a la del SEPE, atendiendo tanto a criterios literales como sistemáticos.

Por todas, podemos citar la Sentencia 200/2018, de 1 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias en la que se indica que

“Si al despido firme sin readmisión se refiriera, la expresión de no debería ser a la actividad laboral sino a la extinción firme de la relación laboral.

(…)

Y para ello entiende que si la voluntad del legislador hubiera sido esperar a la finalización del procedimiento por despido así lo hubiera plasmado como lo hace en el  artículo 34   de la Ley 20/2007 para la prestación de desempleo en pago único. Si el trabajador, o los representantes legales de los trabajadores en caso de despido colectivo, hubieran impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente”.

Por lo tanto, los Tribunales sí están reconociendo dicha compatibilización en los casos en los que exista reclamación judicial frente al despido puesto que el legislador no ha establecido ninguna otra previsión en contra, como sí ocurre en el supuesto de la capitalización de la prestación.

Expuesto lo anterior, siempre habrán de tenerse en cuenta los supuestos de exclusión que, a continuación, enumeramos:

  • Que el último empleo del solicitante haya sido por cuenta propia.
  • Que el solicitante haya hecho uso de este derecho o haya obtenido la capitalización de la prestación en los 24 meses inmediatamente anteriores.
  • Que el solicitante (como autónomo) suscriba un contrato para la realización de su actividad profesional con el empleador para el que trabajaba inmediatamente antes del inicio de su situación de desempleo, o una empresa del mismo grupo.

En Portillo Estudio Legal le asesoramos sobre los pasos previos a la solicitud de su compatibilización y, en caso de denegación, sobre todas las actuaciones administrativas y judiciales que resulte necesario llevar a cabo para el reconocimiento de la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

Cómo actuar si soy víctima de phishing

¿Cómo actuar si soy víctima de phishing?

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El phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria de los usuarios, a través de la cual se envían mensajes suplantando la identidad de bancos, empresas de servicios o entidades públicas (entre otros) para conseguir una interacción con el destinatario que permita el acceso a tales datos personales. En la presente publicación aconsejaremos qué hacer y cómo actuar si soy víctima del phishing bancario en cualquiera de sus modalidades.

Es habitual recibir correos electrónicos o sms que, en apariencia, podrían provenir de algún banco o empresa de la que el receptor de tal comunicación es cliente. Para crear tal apariencia y generar confianza en la víctima, se diseña un entorno gráfico similar al de la empresa en cuestión y/o se remiten comunicaciones con un mensaje claro, conciso y directo que genere en la víctima la necesidad de pulsar sobre el link que contiene.

Ejemplos de phishing

Un claro ejemplo de phishing es el correo electrónico remitido, en apariencia, por una entidad financiera en el que se informa de que la cuenta ha sido bloqueada, requiriendo pulsar sobre un link para desbloquearla.

Otro ejemplo son las cada vez más frecuentes comunicaciones en las que se suplanta la identidad de empresas de mensajería en las que el reclamo para pulsar el link remitido son mensajes tales como “haga click para el seguimiento de su paquete” o “no hemos podido entregar su paquete, haga click para concertar nueva entrega”.

¿Qué hacer si es demasiado tarde?

Pulsando sobre el enlace adjuntado se permite al ciberdelincuente el acceso a la información personal y datos bancarios de la víctima, razón por la cual siempre debe verificarse la dirección del remitente antes de interaccionar.

El objetivo último es el acceso a las cuentas bancarias y tarjetas de la víctima por lo que debe verificarse de inmediato (a ser posible desde un terminal diferente al empleado para pulsar sobre el enlace) si ha existido algún cargo indebido en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito y estar muy pendiente de los movimientos en los días venideros.

Es habitual que, en estos casos, se sucedan diversos cargos en la tarjeta de débito o crédito (hasta llegar al límite diario disponible) que tienen como destino un TPV virtual que suele encontrarse en países del Este (Bulgaria o Rumanía entre otros), países Bálticos (Estonia, Letonia o Lituania) o Rusia.

En el supuesto de verificarse los cargos, es preciso hablar de inmediato con la entidad bancaria para informar de lo ocurrido.

De forma paralela, resulta ampliamente recomendable ponerse en manos de un abogado con la finalidad de ejecutar las actuaciones venideras de forma óptima. Entre dichas actuaciones podemos destacar la redacción de la denuncia, así como la redacción de una carta formal ante la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito.

Desde Portillo Estudio Legal le recomendamos que contacte con nosotros desde esa fase inicial para tratar de facilitar el resto del proceso encaminado a la recuperación de sus cantidades.

Vías para la recuperación de las cantidades

Cuando hablamos de phishing, nos referimos a un delito de estafa a través de medios informáticos, sin perjuicio de lo cual, existen vías alejadas de la jurisdicción penal para reclamar las cantidades sustraídas.

La vía más efectiva estaría vinculada a la verificación de que la entidad emisora de la tarjeta ha implementando las medidas de seguridad necesarias para asegurar la identidad del ordenante y la autenticación de la operación. En caso de no ser así, cabría la posibilidad de reclamar frente a ella por omisión o dejación de sus obligaciones, impuestas a través del Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago.

Se trata de la vía más rápida y efectiva para la recuperación del dinero.

En algunos casos, los seguros contratados por las entidades financieras asumen los daños causados por el phishing como siniestro, descontando al perjudicado únicamente un pequeño importe en concepto de franquicia.

En caso de que la entidad aseguradora del banco o caja que corresponda rechace el siniestro, será preciso acudir a los tribunales para exigir la devolución de los importes cargados sin que mediare la debida diligencia de la entidad financiera en la verificación y control del emisor de la operación.

Como anticipamos, también existe la posibilidad de acudir a la vía penal, un camino mucho más lento y tedioso toda vez que se desconoce la identidad del delincuente, se requiere la colaboración de otros países y, en muchas ocasiones, se pierde el rastro de los fondos sustraídos al reinvertirse en criptomonedas y otros activos de difícil seguimiento.

Conclusión

Si ha sido víctima de phishing, le sugerimos que se ponga en contacto con Portillo Estudio Legal para evaluar su caso y recuperar su dinero sufriendo los menores quebraderos de cabeza.

ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022

Ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022

By bancarrota, Concurso de acreedores, insolvencia, moratoria concursal, segunda oportunidad

El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, ha establecido una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022.

Dicha moratoria supone, por una lado, que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Por otro lado, impide la admisión a trámite por los jueces de las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020, dando preferencia a las solicitudes de concurso voluntario del acreedor, aunque fueran de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

A partir de la fecha límite de la moratoria concursal, que se fija en el día 30 de junio de 2022, se mantiene el plazo de dos meses recogido en el artículo 5.1 de la Ley Concursal para que las personas naturales o entidades en situación de insolvencia presenten en el Juzgado su solicitud de declaración de concurso necesario.

Ello implica que, necesariamente, las solicitudes de concurso voluntario deberán tener entrada en los respectivos Juzgados con anterioridad al día 1 de septiembre de 2022.

El incumplimiento de dicho plazo podría tener consecuencias indeseadas para los deudores en situación de insolvencia pues, por un lado, se permitirá (a partir del 1 de septiembre de 2022) la admisión a trámite de concursos necesarios instados por acreedores y, por otro lado, podría tener efectos negativos en fase de calificación, por tratarse de una de las presunciones legales de culpabilidad del concurso.

En este último caso, podrían fijarse condenas a las personas afectadas por la calificación (normalmente los administradores) a indemnizar los daños y perjuicios causados o a soportar total o parcialmente el déficit concursal.

Desde Portillo Estudio Legal ofrecemos nuestros servicios para evaluar su situación de insolvencia y realizar toda la tramitación del procedimiento concursal, en caso de resultar necesario.

Tarjetas revolving

By Nulidad de cláusulas abusivas, Protección del consumidor, Tarjetas revolving

Las tarjetas revolving son una tipología dentro de las tarjetas de crédito que permiten aplazar y fraccionar el pago del importe adeudado en cuotas mensuales que generan intereses. La gran diferencia con una tarjeta de crédito ordinaria es que éstas se limitan (por lo general) a cargar en cuenta el importe adeudado a mes vencido sin que quepa el fraccionamiento del pago del importe de crédito dispuesto.

La particularidad de las tarjetas revolving consiste en que, en muchos casos, cobran a sus usuarios unos intereses abusivos que suelen superar el 20%, lo que en la práctica ha llevado a situaciones en las que el cliente cada vez debe más dinero pese a pagar regularmente su cuota porque sigue haciendo uso de la misma hasta el límite del capital concedido.

Los Tribunales se han pronunciado en numerosas sentencias acerca de la abusividad de los tipos de interés aplicados por muchas de las compañías que comercializan las tarjetas revolving, siempre que aquéllos sean superiores al 20%, aunque sin establecer un límite concreto a partir del cual se considera el interés abusivo.

El fundamento de la reclamación se encuentra en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también denominada “Ley Azcárate”, según la cual se puede solicitar la nulidad del contrato de préstamo y la reintegración de las cantidades pagadas de más sobre el capital dispuesto en concepto de intereses.

Entre las tarjetas revolving que suelen cobrar esos intereses elevados encontramos las siguientes: Wizink, Barclays, Bankinter, Alcampo, Carrefour Pass o Cetelem.

Desde Portillo Estudio Legal le ofrecemos la posibilidad de analizar, sin ningún compromiso, la documentación relativa a su contrato de tarjeta de crédito de cara a valorar la viabilidad judicial de las acciones legales a emprender.

No lo dude y contacte con nosotros para reclamar a la entidad emisora de su tarjeta y solicitar la nulidad de su contrato así como la recuperación de las cantidades abonadas en concepto de intereses abusivos.

Consejos prácticos para la reclamación de los afectados por el cártel de los coches

By Cártel de los coches, Derecho de la competencia, Reclamación de indemnización

A través de la presente publicación pretendemos sintetizar una serie de consejos prácticos para la reclamación de los afectados por el denominado cártel de los coches.

Las marcas afectadas por el cártel son las siguientes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo.

El periodo de compra de los vehículos debe circunscribirse en el periodo que va desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.

En principio la reclamación será viable si el pago del vehículo se realizó al contado o a través de cualquier línea de financiación.

El plazo para reclamar es de un año (artículo 1.968 del Código Civil) desde que tuvo lugar la publicación de la Sentencia 633/2021 del Tribunal Supremo, que confirma la sanción impuesta a las marcas por el Consejo de la CNMV. Siendo conservadores, fijaremos la fecha de inicio del cómputo inicial de la reclamación en el día 6 de mayo de 2021. Por lo tanto, las reclamaciones podrán ser presentadas hasta el día 5 mayo de 2022.

En cualquier caso, al tratarse de un plazo de prescripción, el mismo se reiniciará (por otro periodo de un año) si se presenta reclamación extrajudicial ante la marca. Nuestro asesoramiento y representación comenzará en esta misma fase.

A continuación, considerando otros precedentes previos como el del cártel de los camiones, será necesario acudir a la vía judicial para reclamar la indemnización derivada de las prácticas anticompetititvas confirmadas por la Sentencia del Tribunal Supremo.

La demanda que se presente deberá ir acompañada de un dictamen pericial en el que se fijará el perjuicio económico sufrido que podrá oscilar (según informes previos y resoluciones judiciales de otros cárteles) entre el 5 y el 20% del precio de compra del vehículo.

Esperamos que los consejos prácticos para la reclamación de los afectados por el cártel de los coches hayan resultado de su utilidad.

Póngase en contacto con nosotros y nos encargaremos de intervenir en cada una de las fases enunciadas, colaborando con los peritos más fiables, con la única finalidad de que su reclamación sea un éxito.

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La competencia objetiva en el caso del concurso de persona natural no empresario

By competencia objetiva, Concurso de acreedores, persona natural no empresario, segunda oportunidad

Pese a que la dicción literal del artículo 44 de la Ley Concursal parece clara, la competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia, en el caso de persona natural no empresario, está resultando controvertida por existir dos criterios claramente enfrentados en función de la Audiencia Provincial encargada de resolver.

El perfil prototípico con el que puede surgir el conflicto interpretativo es el de una persona natural que en el momento de presentar el concurso sea trabajador, pensionista o parado y cuyo grueso de deudas provenga de una actividad empresarial anterior (ejercida por cuenta propia o a través de sociedad mercantil).

Por una parte, encontramos el grupo de Audiencias que, alejándose del tenor literal del precepto, consideran empresario a la persona natural cuyo endeudamiento proviene principalmente de su actividad empresarial anterior, pese a que en el momento de presentación del concurso, no ostente la condición de empresario.

Podemos citar como ejemplos los siguientes Autos que resuelven conflictos negativos de competencia a favor de los Juzgados de lo Mercantil: AP de Madrid de 16 de septiembre de 2016, AP de Granada de 17 de octubre de 2019, o AP de Jaén de 28 de enero de 2021.

De otro lado, encontramos otro conjunto de Audiencias que consideran que debe atenderse a la situación del deudor en el momento de la solicitud, toda vez que es lo que se desprende del tenor literal de la norma. Entienden que si el legislador hubiera pretendido atender al origen de las deudas como factor determinante para fijar la competencia, así lo hubiera establecido expresamente en la Ley Concursal.

Son defensores de este segundo criterio interpretativo, otorgando la competencia a los Juzgados de Primera Instancia los siguientes Autos: AP de Murcia de 28 de julio de 2016, AP de Alicante de 11 de noviembre de 2016 o AP de Valencia de 15 de junio de 2017.

A nuestro juicio, si bien sería más justo atender al primero de los criterios, otorgando la competencia al Juzgado de lo Mercantil para conocer del concurso de la persona natural no empresario cuyas deudas provengan de una actividad empresarial anterior, se trata de una creación jurisprudencial que se aleja de lo pretendido por el legislador, lo que contribuye a dotar al sistema de inseguridad jurídica.

En Portillo Estudio Legal le asesoramos en materia concursal con la máxima de las garantías.

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Incumplimientos de aerolíneas y agencias de viajes

By Overbooking, Pérdida de equipaje, Reclamación aerolíneas, Reclamación agencias de viajes

En épocas vacacionales, puentes o fines de semana somos muchos los que decidimos viajar para dejar de lado la rutina y el estrés diario. Sin embargo, en algunas ocasiones, ese viaje se torna en un suplicio por incumplimientos de las aerolíneas y agencias de viajes (retrasos, cancelaciones, denegaciones de embarque, pérdidas o deterioro de equipaje, hotel de inferior categoría al contratado, excursiones no disfrutadas o incumplimiento del servicio de transfer entre otros).

Los incumplimientos de las compañías aéreas gozan de una rígida regulación a través del Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero, estableciéndose un marco normativo que recoge los derechos de los pasajeros en cada caso. Cada escenario varía en función de la distancia del vuelo y la circunstancia sufrida.

El derecho a atención (recibir alimentos, alojamiento, llamadas y desplazamiento al alojamiento) surge en los casos en los que exista un retraso superior de 2 a 4 horas en función de la distancia del vuelo.

El derecho de compensación surge, en todo caso con retrasos mayores a 3 horas, dependiendo su importe de la distancia del vuelo. Igualmente surge este derecho en casos de cancelación de vuelos, aplicándose similares importes a la compensación por retraso y pudiendo beneficiarse la compañía de reducciones si ofrece transporte alternativo y cumple ciertos requisitos en cuanto a la hora de llegada al destino final.

Distancia del vueloCompensación por retrasoDerecho Atención
Hasta 1.500 km250 €2 horas
Vuelos entre 1.500 km y 3.500 km400 €3 horas
Más de 3.500 km600 €4 horas

En otro orden de cosas, si no pudiste disfrutar de tu viaje combinado con motivo de las restricciones impuestas por las autoridades estatales o autonómicas con motivo del COVID-19 y aún no has recibido el reembolso del importe abonado, estás a tiempo de reclamar.

Ponemos a tu disposición nuestra amplia experiencia en la materia para lograr que recuperes los importes abonados o solicites las indemnizaciones oportunas. Puedes contactar con nosotros a través de nuestra web.