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Ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022

ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022

El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, ha establecido una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022.

Dicha moratoria supone, por una lado, que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Por otro lado, impide la admisión a trámite por los jueces de las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020, dando preferencia a las solicitudes de concurso voluntario del acreedor, aunque fueran de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

A partir de la fecha límite de la moratoria concursal, que se fija en el día 30 de junio de 2022, se mantiene el plazo de dos meses recogido en el artículo 5.1 de la Ley Concursal para que las personas naturales o entidades en situación de insolvencia presenten en el Juzgado su solicitud de declaración de concurso necesario.

Ello implica que, necesariamente, las solicitudes de concurso voluntario deberán tener entrada en los respectivos Juzgados con anterioridad al día 1 de septiembre de 2022.

El incumplimiento de dicho plazo podría tener consecuencias indeseadas para los deudores en situación de insolvencia pues, por un lado, se permitirá (a partir del 1 de septiembre de 2022) la admisión a trámite de concursos necesarios instados por acreedores y, por otro lado, podría tener efectos negativos en fase de calificación, por tratarse de una de las presunciones legales de culpabilidad del concurso.

En este último caso, podrían fijarse condenas a las personas afectadas por la calificación (normalmente los administradores) a indemnizar los daños y perjuicios causados o a soportar total o parcialmente el déficit concursal.

Desde Portillo Estudio Legal ofrecemos nuestros servicios para evaluar su situación de insolvencia y realizar toda la tramitación del procedimiento concursal, en caso de resultar necesario.